Fuente: El Economista/ Roberto Morales

  • La propuesta presentada ayer por el grupo parlamentario de Morena contempla un entorno más flexible en cuanto al otorgamiento, duración y causales de cancelación de las concesiones; el Estado se reservaría los derechos sobre el litio y el uranio.

Una iniciativa de reforma a la Ley Minera del grupo parlamentario de Morena, cuyo trámite inició este jueves, flexibiliza varios de los principales puntos que contiene la reforma minera propuesta por el Ejecutivo Federal.

Ante todo, la iniciativa de los legisladores plantea una vigencia de las concesiones mineras de 30 años, prorrogables por dos ocasiones, cada una por 25 años (la segunda con concurso, dando prioridad al tenedor de la concesión). Para las concesiones existentes se aplicaría la prórroga de 25 + 25 años.

La Ley Minera vigente hasta este jueves establece que las concesiones tendrán una duración de 50 años y se prorrogarán por otros 50 años si sus titulares no incurrieron en las causales de cancelación previstas.

Más restrictiva, la iniciativa del Ejecutivo Federal plantea disminuir la concesión a 15 años, prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual.

Mientras que el gobierno federal argumentó que este periodo permitiría disminuir “la especulación de particulares con los recursos de la Nación”, la Cámara Minera de México (Camimex) advirtió que ese cambio, junto con otros, disminuiría las inversiones en la producción de minerales.

A su vez, la iniciativa de los legisladores de Morena reflejo la aceptación de la Secretaría de Economía de cambiar el otorgamiento de las concesiones por toda sustancia, con excepción de las reservadas para el Estado (litio, uranio, gas y petróleo).

En su propuesta de reforma, el Ejecutivo Federal propuso que la concesión únicamente se otorgue por mineral o sustancia susceptible de explotación, lo que permitirá, a su juicio, un mayor control y generación de recursos para el Estado y las comunidades afectadas.

Por el contrario, José Jaime Gutiérrez, presidente de la Camimex, adujo que esto deja ver un desconocimiento de la actividad, ya que es “imposible”, considerando que el mineral que se extrae de la alúmina, por ejemplo, viene en aleación con otros minerales.

Gutiérrez cuestionó que la iniciativa del Ejecutivo propusiera otorgar la concesión de agua sólo por cinco años, lo que supone un lapso menor a la propia concesión.

Nuevamente, con una posición intermedia, la iniciativa de los legisladores fija una vigencia de la concesión de agua equiparada con la vigencia de la concesión minera.

Adicionalmente, el gobierno federal planteó condicionar la concesión minera a la disponibilidad hídrica y, en su caso, a la concesión de agua para minería que se obtenga previamente, a fin de garantizar la prioridad del uso y consumo humano del agua.

Por su parte, en la iniciativa de los legisladores se acepta mantener el aprovechamiento de aguas de laboreo siempre y cuando exista una medición por parte de Conagua (telemetría) y se paguen los derechos correspondientes, a la vez que no se condiciona la concesión de agua a un tope de 30% de la cuenca hídrica. Aun así, se dará prioridad al consumo humano al agua en caso de escases.

En otro aspecto, el gobierno federal establece en su propuesta que no se reconozcan actos de derecho privado para la transmisión de la concesión minera, de modo que la Secretaría de Economía podrá autorizar la transmisión sólo cuando se cumplan los requisitos solicitados para la concesión original. Esto es, la concesión no servirá para garantizar obligaciones de la persona titular de la concesión.

Sobre ello, la iniciativa de los legisladores de Morena establece que la transmisión y garantía de las concesiones mineras se realizarán con la autorización de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, siempre y cuando se compruebe que la transmisión es entre dos empresas mineras, con el objetivo de evitar la especulación. Para el caso de la garantía, cuando sea una empresa que está en operación.

A fin de regular y evitar actividades mineras predatorias, lesivas y contrarias al derecho al agua, al medio ambiente sano, a la salud de las personas y, en general, de los derechos de los pueblos y comunidades donde se realizan dichos proyectos, la iniciativa del Ejecutivo propone presentar un estudio de impacto social y un Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre.

Respecto al último punto, especifica las acciones de reparación, restauración, rehabilitación y remediación ambiental, que se realizarán desde el inicio de las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales hasta el post-cierre.

Asimismo, requiere un Plan de Cierre de Mina, la presentación de cartas de crédito para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de mitigación y restauración y un Programa de Manejo de Residuos.

La iniciativa de los legisladores considera el instrumento de una carta de crédito para garantizar el cierre y remediación, se acepta cambiar por un vehículo financiero y se proyecta que en el reglamento se establezca que se aceptará una póliza de seguro como garantía.

Reforma minera

Camimex reconoce apertura para el diálogo
Luego de la presentación de una nueva iniciativa de reforma minera en el Congreso este jueves que suaviza los términos de una previa presentada por el Ejecutivo, la Cámara Minera de México (Camimex) reconoció “el espacio abierto por el gobierno federal y los grupos parlamentarios para discutir un proyecto para la minería sustentable para el país”.

En un escueto comunicado publicad en su cuenta de Twitter, la Cámara añadió que “El sector minero de México reitera su compromiso para seguir trabajando con las autoridades de todos los órdenes”.

Sin embargo, los diálogos efectivos o frustrados de los representantes de Camimex con funcionarios de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido siempre a la defensiva de esta industria ante diversas acciones y comentarios del gobierno federal.

Desde el principio de esta Administración, la Secretaría de Economía suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, tomó una posición más dura con respecto a litigios en el pago de impuestos de algunas empresas mineras y criticó lo mismo las ganancias del sector frente a los aportes fiscales y los daños al medio ambiente de las minas.

En 2019, la Presidencia de la República y la Camimex acordaron crear una “Mesa de Minería” para analizar las necesidades del sector y tratar de impulsar su crecimiento. La mesa fue presidida por Alfonso Romo, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, y en ella participaba Francisco Quiroga, entonces titular de la Subsecretaría de Minería, la cual fue desaparecida después.

Poco después, la minería no fue clasificada como una actividad esencial al inicio del cierre de operaciones por la pandemia de Covid-19, aunque en una segunda etapa obtuvo ese reconocimiento.

En diciembre de 2022, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que el sector de la minería en México prácticamente no paga impuestos.

Hubo una propuesta después, para los gobernadores de los principales estados mineros, representantes de la Camimex y funcionarios federales dialogaran sobre cambios en el sector, sin que posteriormente se informara algo al respecto.

¿Por qué todavía no se dan nuevas concesiones? López Obrador dijo recientemente: “Ni con Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal por las concesiones mineras”.